* Por Daniel Balmaceda

El 23 de mayo de 1936 se inauguró el Obelisco en el amplio espacio generado por el ensanche de la avenida Corrientes y la creación de la Avenida 9 de Julio. Tres años más tarde, el martes 13 de junio de 1939, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires decidió “la inmediata demolición hasta el nivel del suelo”. ¿El motivo? La peligrosa caída de algunas lajas que cubrían su superficie. A partir de la resolución, corrían diez días para que se ejecutase. La noticia provocó gran debate en la opinión pública.

Por un lado estaban los defensores de la obra del arquitecto Alberto Prebisch, que esgrimían motivos prácticos, como el dinero que costaría su demolición y los escombros que se generarían. También se alegaban argumentos de otro tipo: acudían a visitarlo muchos turistas, del resto de la Argentina y de los países vecinos. Asimismo, se había transformado en un símbolo geográfico inconfundible de la ciudad: algunos negocios, en sus anuncios, aclaraban que estaban “frente al Obelisco” o “a metros del Obelisco”. En la otra vereda se encontraban quienes lo consideraban un adefesio y un peligro para los transeúntes.

Pero, además, existía un trasfondo político: el intendente Mariano de Vedia y Mitre, a quien le cupo la responsabilidad de ordenar la construcción del monumento e inaugurarlo, no había tenido buena relación con el cuerpo colegiado de la ciudad, cuyos miembros decidieron, aquel martes 13, por 23 votos contra 3 (Molina Carranza, Rouco Oliva y Elena), eliminar al “intruso”, como lo llamaban.

El asunto llegó al Congreso de la Nación. El diputado por Santa Fe, Pío Pandolfo, salió en defensa del ícono ciudadano. Dijo que no se trataba de una obra pública, donde el Concejo tendría decisión, sino de un monumento y, como todos los monumentos, “no puede estar sujeto a los vaivenes de la pasión”. Según Pandolfo, era el Estado Nacional quien debía determinar el futuro del Obelisco.

Desde el ministerio de Obras Públicas de la Ciudad de Buenos Aires también se solidarizaron con el emblema porteño. El doctor Nereo Giménez Melo alegó que “la erección del Obelisco se llevó a cabo como un monumento recordatorio (así lo establecen las inscripciones que contiene) y un homenaje del pueblo de la Nación entera y como tal sólo pudo realizarse con la aprobación del P.E. Nacional”. Como solamente el Congreso podía decretar este tipo de homenajes y no la Municipalidad, el destino del obelisco estaba en manos de la Nación.

Los diez días de plazo entre la ordenanza y su ejecución fueron efervescentes. El diario “La Razón”, partidario de que no se lo derribara, sostenía que “esa obra ha sido consagrada por la voluntad popular, levantada con ‘intención patriótica’ e inaugurada por un presidente de la Nación (Agustín P. Justo). Por su parte, el diario socialista “La Libertad” afirmaba que la construcción había sido ilegal y por la voluntad de Vedia y Mitre. Planteaba, en otras palabras, que había sido un capricho exclusivo del intendente.

Ya en la cuenta regresiva, el Poder Ejecutivo de la Nación reafirmó su autoridad sobre el Obelisco y el intendente Arturo Goyeneche vetó la ordenanza del martes 13 de junio. El monumento se salvó. En 2011, fue incorporado al “Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma” y hoy sigue cumpliendo años en 9 de Julio y Corrientes.

Publicado en “La Nación” el  19 de mayo de 2017.